Xavier Domènech, anuncia que su formación no apoyará el referéndum si no cuenta con la venia del gobierno. Propone elecciones sin más hoja de ruta que reabrir un diálogo que él mismo considera fracasado.
Foto: EFE
El año 2016 ha sido sin duda el de la consolidación de un nuevo agente político en Catalunya: los llamados “comunes”. Este espacio hasta ahora ha adoptado la forma de coalición de partidos. Un frente entre partidos del reformismo clásico, ICV y EUiA, junto a nuevas formaciones como la Barcelona en Comú de Colau, Podem o el Procés Constituent de Domenech. En los últimos meses, estas dos figuras están tratando de capitanear la formación de un nuevo partido que termine de unificar esta miriada de formaciones.
La posición lograda en el Ayuntamiento de Barcelona ha sido sin duda el buque insignia de los “comunes”, y a la vez el flanco débil por donde se les ha podido medir más en los hechos y no sólo en el discurso. Su combate a la huelga del metro, la persecución a los manteros o el pacto con el PSC son sólo las cuestiones más relevantes que evidencian los límites de la llamada “nueva política” o “política del bien común”. El peso además de ICV y EUiA en este crisol de formaciones ha contribuido significativamente a esta rápida integración en la gestión “normal” del Ayuntamiento de Barcelona, no obstante estas formaciones han sido coparticipes, junto a los alcaldes del PSC, en la conformación de la “marca Barcelona”.
Pero la principal novedad, que se viene reforzando en los últimos meses si cabe, es el intento de ganar peso con voz propia en la cuestión clave que atravesará, un año más, la política catalana: el porcés. El punto de arranque de esta línea se produjo el pasado 6 de octubre, cuando CSQEP presentó una moción en el Parlament paralela a la aprobada ese mismo día por JxSí y la CUP sobre la convocatoria del referéndum en septiembre. La de los “comunes”, que también fue votada por las fuerzas soberanistas, se pronunciaba a favor de un referéndum, pero eso sí, su convocatoria se condicionaba a que fuese acordado y aceptado por la comunidad internacional y el Estado español.
En estos días de cabalgatas y polémicas de farolillos independentistas mediantes, el “saludo” al referéndum de los “comunes” tenía pues la misma carga de fuerza que el “pedir a los Reyes Magos la República catalana para 2017” al que instaban estos días los portavoces de la ANC. De hecho, la resolución en cuestión ni siquiera fue recurrida por el gobierno ni los partidos del bloque españolista, y, a diferencia de la de JxSí y la CUP, el Constitucional la ha dejado pasar. Defender un referéndum pactado con el Régimen del 78 es tanto como renunciar de entrada a la pelea por este derecho fundamental básico.
No seré yo quien de carta de credibilidad a la otra resolución, no tanto por su contenido filológico, si no por quien está llamado a llevarla a la práctica: el govern de Puigdemont. El mismo que obedece a pies puntilla a la Judicatura española hasta para detener y perseguir independentistas de izquierda, como hemos visto esta semana con el caso de la quema de retratos del Rey o el concejal de Vic. Como escribía la semana pasada, la hoja de ruta de JxSí -y a la que se viene plegando la CUP sin presentar alternativa- no se prepara para generar las condiciones que puedan imponer el referéndum en septiembre. El PDC y ERC, con el resto del soberanismo detrás, están preparando las condiciones o para una derrota o para una claudicación total o parcial.
Ahora bien, la “alternativa” que vienen a ofrecer los “comunes” es, siguiendo con la terminología militar, una rendición incondicional. Tanto es así que este miércoles el diputado Xavier Domènech, en declaraciones a la cadena SER, sentenció que su formación no brindaría apoyo a la convocatoria de un referéndum en septiembre si este finalmente no está pactado con el gobierno, lo que es lo mismo que decir que no piensa apoyarlo. Él mismo reconoció, correctamente, que la “operación diálogo” escenificada semanas atrás por el gobierno Rajoy estaba fracasada, y consideró que una consulta unilateral sería una repetición del 9N.
Eso sí, la “alternativa” de Domènech para desbloquear esta situación no deja de ser altamente inverosímil: convocar nuevas elecciones y que un nuevo govern, en el que suponemos aspirarán a participar repitiendo las alianzas defendidas a nivel estatal y practicadas en lo municipal con los socialistas, abra un “debate real sobre la crisis territorial”. ¿Qué de nuevo tendría ese nuevo escenario? ¿Se avendría el PP a negociar el derecho a decidir si quien está en la Generalitat es un President no independentista? ¿O más bien un gobierno de coalición entre el PSC y los “comunes” reconduciría a la Generalitat a los cauces marcados por la Constitución y dejaría, otra vez, el derecho a decidir para las “calendas griegas”?
El impasse al que la hoja de ruta de JxSí está llevando al movimiento democrático por el derecho a decidir es una realidad innegable. Es el abono necesario, y en mi opinión buscado por los representantes políticos históricos de la burguesía catalana, para que “bajen las aguas” y se pueda acabar lo que arrancó en septiembre de 2012 con un nuevo acuerdo financiero y competencial con el Estado.
Tiene razón Domènech cuando señala que el referéndum de Puigdemont lo más que va a poder dar es un 9N bis, si llega. Esto es así porque el PDC y ERC ni locos harán lo necesario para que la voluntad del pueblo catalán se pueda expresar libremente y hacer efectiva, que no es otra cosa que poner en pie un gran movimiento de lucha por esta demandas y otras democráticas y sociales en la clase trabajadora y los sectores populares. La “alternativa” de los “comunes” huye casi con la misma pasión de una propuesta semejante, es más, su nueva hoja de ruta busca busca devolver la cuestión catalana a los límites institucionales marcados por la Constitución del 78 y sus imposibles mecanismo de reforma en este tema. Los “comunes”, respecto a la cuestión catalana, se ubican así como un sector mucho más de “orden” y conservador que los herederos del pujolismo.
La CUP por su parte sigue embarcada en un seguidismo, como ala izquierda del procés pero sin independencia política, a uno de los dos proyectos que aleja día tras día la posibilidad de conquistar el derecho de autodeterminación y abrir un proceso constituyente realmente libre y soberano en Catalunya.
El bloque soberanista vuelve a presentar este año -como hiciera ya en 2014- como el “definitivo”, el que, “esta vez sí”, el pueblo catalán podrá hacer valer su voluntad. Las hojas de ruta de los principales actores apuntan en otras direcciones que, por distintas vías, conducen al desgaste del movimiento y la reconducción de la crisis territorial a cauces constitucionales. De que surja o no una alternativa independiente a ambos proyectos, que retome una estrategia basada en la movilización obrera y popular, la alianza con el resto de sectores populares del Estado y la vinculación de las demandas democráticas con un programa para que la crisis la paguen los capitalistas -españoles y catalanes- , dependerá de si 2017 supone un aliento significativo a la lucha por el derecho a decidir o el inicio de un declive anunciado.
El año 2016 ha sido sin duda el de la consolidación de un nuevo agente político en Catalunya: los llamados “comunes”. Este espacio hasta ahora ha adoptado la forma de coalición de partidos. Un frente entre partidos del reformismo clásico, ICV y EUiA, junto a nuevas formaciones como la Barcelona en Comú de Colau, Podem o el Procés Constituent de Domenech. En los últimos meses, estas dos figuras están tratando de capitanear la formación de un nuevo partido que termine de unificar esta miriada de formaciones.
La posición lograda en el Ayuntamiento de Barcelona ha sido sin duda el buque insignia de los “comunes”, y a la vez el flanco débil por donde se les ha podido medir más en los hechos y no sólo en el discurso. Su combate a la huelga del metro, la persecución a los manteros o el pacto con el PSC son sólo las cuestiones más relevantes que evidencian los límites de la llamada “nueva política” o “política del bien común”. El peso además de ICV y EUiA en este crisol de formaciones ha contribuido significativamente a esta rápida integración en la gestión “normal” del Ayuntamiento de Barcelona, no obstante estas formaciones han sido coparticipes, junto a los alcaldes del PSC, en la conformación de la “marca Barcelona”.
Pero la principal novedad, que se viene reforzando en los últimos meses si cabe, es el intento de ganar peso con voz propia en la cuestión clave que atravesará, un año más, la política catalana: el porcés. El punto de arranque de esta línea se produjo el pasado 6 de octubre, cuando CSQEP presentó una moción en el Parlament paralela a la aprobada ese mismo día por JxSí y la CUP sobre la convocatoria del referéndum en septiembre. La de los “comunes”, que también fue votada por las fuerzas soberanistas, se pronunciaba a favor de un referéndum, pero eso sí, su convocatoria se condicionaba a que fuese acordado y aceptado por la comunidad internacional y el Estado español.
En estos días de cabalgatas y polémicas de farolillos independentistas mediantes, el “saludo” al referéndum de los “comunes” tenía pues la misma carga de fuerza que el “pedir a los Reyes Magos la República catalana para 2017” al que instaban estos días los portavoces de la ANC. De hecho, la resolución en cuestión ni siquiera fue recurrida por el gobierno ni los partidos del bloque españolista, y, a diferencia de la de JxSí y la CUP, el Constitucional la ha dejado pasar. Defender un referéndum pactado con el Régimen del 78 es tanto como renunciar de entrada a la pelea por este derecho fundamental básico.
No seré yo quien de carta de credibilidad a la otra resolución, no tanto por su contenido filológico, si no por quien está llamado a llevarla a la práctica: el govern de Puigdemont. El mismo que obedece a pies puntilla a la Judicatura española hasta para detener y perseguir independentistas de izquierda, como hemos visto esta semana con el caso de la quema de retratos del Rey o el concejal de Vic. Como escribía la semana pasada, la hoja de ruta de JxSí -y a la que se viene plegando la CUP sin presentar alternativa- no se prepara para generar las condiciones que puedan imponer el referéndum en septiembre. El PDC y ERC, con el resto del soberanismo detrás, están preparando las condiciones o para una derrota o para una claudicación total o parcial.
Ahora bien, la “alternativa” que vienen a ofrecer los “comunes” es, siguiendo con la terminología militar, una rendición incondicional. Tanto es así que este miércoles el diputado Xavier Domènech, en declaraciones a la cadena SER, sentenció que su formación no brindaría apoyo a la convocatoria de un referéndum en septiembre si este finalmente no está pactado con el gobierno, lo que es lo mismo que decir que no piensa apoyarlo. Él mismo reconoció, correctamente, que la “operación diálogo” escenificada semanas atrás por el gobierno Rajoy estaba fracasada, y consideró que una consulta unilateral sería una repetición del 9N.
Eso sí, la “alternativa” de Domènech para desbloquear esta situación no deja de ser altamente inverosímil: convocar nuevas elecciones y que un nuevo govern, en el que suponemos aspirarán a participar repitiendo las alianzas defendidas a nivel estatal y practicadas en lo municipal con los socialistas, abra un “debate real sobre la crisis territorial”. ¿Qué de nuevo tendría ese nuevo escenario? ¿Se avendría el PP a negociar el derecho a decidir si quien está en la Generalitat es un President no independentista? ¿O más bien un gobierno de coalición entre el PSC y los “comunes” reconduciría a la Generalitat a los cauces marcados por la Constitución y dejaría, otra vez, el derecho a decidir para las “calendas griegas”?
El impasse al que la hoja de ruta de JxSí está llevando al movimiento democrático por el derecho a decidir es una realidad innegable. Es el abono necesario, y en mi opinión buscado por los representantes políticos históricos de la burguesía catalana, para que “bajen las aguas” y se pueda acabar lo que arrancó en septiembre de 2012 con un nuevo acuerdo financiero y competencial con el Estado.
Tiene razón Domènech cuando señala que el referéndum de Puigdemont lo más que va a poder dar es un 9N bis, si llega. Esto es así porque el PDC y ERC ni locos harán lo necesario para que la voluntad del pueblo catalán se pueda expresar libremente y hacer efectiva, que no es otra cosa que poner en pie un gran movimiento de lucha por esta demandas y otras democráticas y sociales en la clase trabajadora y los sectores populares. La “alternativa” de los “comunes” huye casi con la misma pasión de una propuesta semejante, es más, su nueva hoja de ruta busca busca devolver la cuestión catalana a los límites institucionales marcados por la Constitución del 78 y sus imposibles mecanismo de reforma en este tema. Los “comunes”, respecto a la cuestión catalana, se ubican así como un sector mucho más de “orden” y conservador que los herederos del pujolismo.
La CUP por su parte sigue embarcada en un seguidismo, como ala izquierda del procés pero sin independencia política, a uno de los dos proyectos que aleja día tras día la posibilidad de conquistar el derecho de autodeterminación y abrir un proceso constituyente realmente libre y soberano en Catalunya.
El bloque soberanista vuelve a presentar este año -como hiciera ya en 2014- como el “definitivo”, el que, “esta vez sí”, el pueblo catalán podrá hacer valer su voluntad. Las hojas de ruta de los principales actores apuntan en otras direcciones que, por distintas vías, conducen al desgaste del movimiento y la reconducción de la crisis territorial a cauces constitucionales. De que surja o no una alternativa independiente a ambos proyectos, que retome una estrategia basada en la movilización obrera y popular, la alianza con el resto de sectores populares del Estado y la vinculación de las demandas democráticas con un programa para que la crisis la paguen los capitalistas -españoles y catalanes- , dependerá de si 2017 supone un aliento significativo a la lucha por el derecho a decidir o el inicio de un declive anunciado.
No hay comentarios
Publicar un comentario