ÍNDICE:
- EL SUPREMO CONFIRMA EL AUTO DE LA AUDIENCIA QUE AVALA LA READMISIÓN DE LOS TRABAJADORES DE COCA-COLA
- LA 52ª MAREA BLANCA DA “UN ABRAZO” AL HOSPITAL GREGORIO MARAÑÓN
- LA PLANTILLA DE GRUPO ZETA RECLAMA 21 MILLONES A LA EMPRESA
- ASÍ DESPIDE MERCADONA
- UN SANITARIO ESPAÑOL ACUMULA 578 CONTRATOS TEMPORALES EN 17 AÑOS
- EL SUPREMO ANULA 14 DESPIDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES EN CALPE
- EL COMITÉ DE EMPRESA DE TELEMADRID PROTESTA POR EL ERE QUE HACE CUATRO AÑOS DEJÓ A 861 TRABAJADORES EN EL PARO
- ¿POR QUÉ LA ENSEÑANZA CATALANA VA A LA HUELGA?
- SERVEIS FERROVIARIS DE MALLORCA (SFM) CONFIRMA LA HUELGA DE TRENES POR SANT ANTONI Y PIDE LA DIMISIÓN DE LOS CARGOS POLÍTICOS DE LA EMPRESA
- CC.OO. EXIGE A AENA MÁS PERSONAL Y MEDIOS TÉCNICOS EN EL AEROPUERTO
- CUADROS ELÉCTRICOS DEBE MÁS DE 500.000 EUROS A LOS TRABAJADORES PARA INDEMNIZAR LOS DESPIDOS
- LA ESPERA DE JUICIO POR CONFLICTO LABORAL SUPERA EL AÑO EN BARCELONA, SEGÚN UGT
- EL COMITÉ DE ESTAMPACIONES RUBI DE VITORIA CONVOCA 3 JORNADAS DE HUELGA
- FINALIZA LA HUELGA DE MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE GIPUZKOA TRAS SUSCRIBIR ELA ACUERDOS CON LAS UTE
- LA PLANTILLA DE GROUPALIA VA A LA HUELGA PARA RECLAMAR NÓMINAS ATRASADAS
- HUELGA EN LAS CLASES DE INFANTIL EN EL COLEGIO PÚBLICO VIRGEN DEL ROSARIO DE MINAS DE RIOTINTO
- CC.OO. PIDE AL SALUD QUE AGILICE LA ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL HOSPITAL OBISPO POLANCO DE TERUEL A UNA NUEVA EMPRESA
- LOS JARDINEROS DE BENALMÁDENA CONVOCAN UNA HUELGA PARA FRENAR TRASLADOS A CÁDIZ
- AUVASA Y COMITÉ ANALIZAN CÓMO RECUPERAR LA NEGOCIACIÓN DEL CALENDARIO
- LOS JARDINEROS DE SONDIKA DEJAN LA HUELGA TRAS MÁS DE 4 MESES
EL SUPREMO CONFIRMA EL AUTO DE LA AUDIENCIA QUE AVALA LA READMISIÓN DE LOS TRABAJADORES DE COCA-COLA
Madrid (Europa Press)
Rechaza el recurso presentado por los sindicatos y confirma el fallo de la Audiencia Nacional
La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha confirmado la resolución de la Audiencia Nacional que avalaba la readmisión efectuada a los trabajadores de Coca-Cola en el centro de Fuenlabrada y rechaza el recurso presentado por los sindicatos.
Según un comunicado de la Sala tras la reunión celebrada por el Pleno, el alto tribunal confirma el resto de pronunciamientos de la sentencia de octubre de 2015 de la Audiencia Nacional salvo en lo relativo a la inadecuación del procedimiento de ejecución colectiva para algunos trabajadores que discutían el salario aplicable o las condiciones concretas de su readmisión.
Se han anunciado dos votos particulares discrepantes y uno concurrentes en el examen de este recurso de casación respecto al auto de la Audiencia Nacional que consideró regular la readmisión de los trabajadores de Coca-Cola en Fuenlabrada.
En esa sentencia de 2015, los magistrados consideraron que se les mantuvo “milimétricamente” las categorías y los horarios que tenían antes de que el centro productivo se convirtiera en un centro logístico.
La Audiencia Nacional expuso en su fallo que la compañía no podía abstraerse de la realidad empresarial y que el cierre de las plantas de Mallorca, Alicante, Palma de Mallorca y Fuenlabrada se produjo “de buena fe” por parte del embotellador puesto que se debe tener en cuenta la realidad objetiva de la compañía en el momento actual.
CC.OO. y UGT interpusieron recurso de casación contra el fallo al entender que no se adecuaba a las sentencias de la AN y del propio Supremo sobre la anulación del ERE, y que por tanto se incumplió el contenido de las mismas y se modificaron las condiciones laborales de los empleados.
Postura de los sindicatos
Apuntaron que Coca-Cola European Parnters no había cumplido con el fallo puesto que transformó en centro logístico lo que era un centro de producción, lo que supuso alterar las condiciones de trabajo de los empleados ya que no realizaban las mismas funciones que antes del despido.
Sin embargo, el alto tribunal confirma lo suscrito por la Audiencia Nacional excepto en lo relativo al procedimiento de ejecución colectiva para 34 empleados del embotellador que no pertenecían a la planta de Fuenlabrada.
Sobre la situación de estos empleados concretos –se discutía el salario aplicable o las condiciones concretas de su readmisión– el Supremo pide que se resuelvan y ejecuten colectivamente también tales cuestiones y pronunciamientos.
Tanto la Audiencia como el Supremo confirmaron en 2015 la nulidad del despido colectivo por vulneración del derecho de huelga.
En abril de ese año la sala de lo Social del alto tribunal entendió que durante la huelga convocada en contra del cierre del centro de Fuenlabrada (Madrid), la empresa sustituyó la producción dejada de realizar por la de otras embotelladoras del grupo, perjudicando así el adecuado desarrollo del periodo de consultas.
LA 52ª MAREA BLANCA DA “UN ABRAZO” AL HOSPITAL GREGORIO MARAÑÓN
Madrid (EFE)
La Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid celebra la 52 edición de la Marea Blanca, que en esta ocasión consistirá en una concentración para dar “un abrazo al Hospital Marañón”.
Dentro del objetivo de un “2017 por los hospitales públicos 100×100”, los convocantes pretenden expresar su protesta contra “el grado de precarización” de la sanidad pública, de los hospitales y los profesionales.
LA PLANTILLA DE GRUPO ZETA RECLAMA 21 MILLONES A LA EMPRESA
cronicaglobal.elespanol.com
Una parte de los trabajadores pretende recuperar el 9% de los salarios que no han cobrado durante los tres años del ERTE
Una parte de la plantilla del Grupo Zeta reclama a la empresa los 21 millones de euros que ha dejado de cobrar desde 2014 en virtud de un expediente de regulación de temporal de empleo (ERTE) que la compañía no habría cumplido.
La sala de lo social de la Audiencia Nacional vio el juicio de esta demanda el 19 de diciembre y terminó por rechazar el pleito por un defecto de forma relativo a los poderes de los trabajadores representados por los abogados demandantes.
Recurso de casación
Los comités de empresa de El Periódico de Cataluña, Sport, Interviu, Woman y Cuore tienen la posibilidad de presentar un recurso de casación, cuya interposición estudian sus asesores.
Estos trabajadores –unos 600, la mitad de la plantilla total del grupo– denuncian que la empresa no ha aplicado a todo el mundo la reducción de empleo y sueldo del 9% pactada con sus empleados en marzo de 2014.
Quienes no están sujetos a convenio quedaron libres de esa reducción salarial o, en todo caso, fue sensiblemente menor. Por eso reclaman el mismo trato que a los directivos y la devolución de los siete millones por año que han dejado de cobrar.
Argumentos confusos
Los argumentos de los abogados del Grupo Zeta para rechazar dicho incumplimiento, que además de la condena a reintegrar lo descontado podría tener otras consecuencias por haber engañado a la autoridad laboral, son confusos.
De hecho, el mismo 2014 el director de El Periódico de Cataluña, Enric Hernàndez, invitó a un grupo de redactores jefes –el cargo más alto de una redacción sometido a convenio– a que renunciaran a su contrato laboral y firmaran otro de tipo mercantil, con el argumento de que el cambio les permitiría escapar a la reducción salarial. Solo cinco de ellos aceptaron la propuesta.
En cualquier caso, dentro de dos meses vence el ERTE. El compromiso inicial es que los trabajadores recuperen ese 9% de reducción salarial y de jornada temporal pactado en marzo de 2014, lo que supondría encarecer los gastos de personal en 7 millones anuales.
ASÍ DESPIDE MERCADONA
Una trabajadora nos cuenta cómo ha sido despedida de Mercadona, estando de baja acusada de bajo rendimiento.
https://www.youtube.com/watch?v=LAVYsB798y8&feature=youtu.be
UN SANITARIO ESPAÑOL ACUMULA 578 CONTRATOS TEMPORALES EN 17 AÑOS
eldiariocantabria.es
El profesional, que ha denunciado al Sistema Sanitario, estuvo contratado los primeros siete años para cubrir guardias que apenas duraban un día.
Los primeros años cubría guardias que apenas duraban un día Los primeros años cubría guardias que apenas duraban un día
Un profesional sanitario ha presentado una demanda a la sanidad pública por encadenar, desde hace 17 años, un total de 578 contratos temporales, cifra que podría suponer un nuevo récord en la contratación en España.
Según publican varios medios digitales especializados, el trabajador estuvo desde 1999, y durante los primeros 7 años, con contratos para cubrir guardias que apenas duraban un día, lo que según Fabián Valero, socio de Zeres Abogados, sumaría “casi cien contratos anuales” en caso de que realice ocho guardias al mes.
Las condiciones, como recuerda el abogado, aportan una inseguridad laboral importante, pues el trabajador cotiza por una guardia “dos días, por lo que este profesional hace la misma jornada que un fijo pero tiene una retribución en cómputo mensual entre un 30 y un 40% menor que los empleados fijos, y además solo cotiza la mitad de tiempo”.
Su situación se suma a la de muchos otros profesionales del Sistema Nacional de Salud afectados, y ante la cual la Justicia europea ya ha empezado a actuar.
EL SUPREMO ANULA 14 DESPIDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES EN CALPE
EFE – Alicante
El consistorio de esta localidad ejecutó en 2011 un plan para la reorganización de recursos humanos que concluyó con el despido de 56 trabajadores indefinidos no fijos de la plantilla municipal
El Tribunal Supremo ha declarado nulos los despidos de catorce empleados municipales de la localidad alicantina de Calpe y ha ordenado al Ayuntamiento su “inmediata” readmisión.
Así lo recoge una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que estima el recurso de los trabajadores con otro fallo de este órgano judicial autonómico.
“Tanto en los supuestos de una interinidad por vacante como en los de transformación de la contratación inicial o formalmente temporal en contratos de trabajo de indefinidos no fijos, la amortización de la plaza desempeñada no está legalmente prevista como causa extintiva de estos contratos”, según ha resuelto el Supremo.
La resolución, que está fechada el pasado 20 de diciembre, establece que la corporación municipal debería haber acudido a una modalidad de despido diferente contemplada en el Estatuto de los Trabajadores al no haber cubierto las “previa y reglamentariamente” las plazas que quedaban vacantes.
El consistorio de esta localidad ejecutó en 2011 un plan para la reorganización de recursos humanos que concluyó con el despido de 56 trabajadores indefinidos no fijos de la plantilla municipal.
Esa actuación, según se recuerda en el fallo de Supremo, se enmarcaba en otro más amplio para sanear las cuentas del ayuntamiento que recomendaba amortizar 71 puestos de trabajo para enjugar un déficit cercano a los 4,8 millones de euros.
El juzgado de lo Social número 1 de Benidorm desestimó la demanda de los 56 empleados despedidos en una sentencia que fue confirmada en 2014 por la sala de lo Social del TSJCV.
El TSJCV rechazó que el cese de los trabajadores se pudiera catalogar como un despido, si bien reconocía a cada uno de ellos una indemnización de ocho días de salario por año trabajado.
Tan solo 14 de los trabajadores despedidos recurrieron ese fallo ante el Tribunal Supremo, que ahora les ha dado la razón y ha condenado al consistorio a readmitirlos y pagarles los salarios que hubieran dejado de percibir desde el fin de sus contratos.
El Supremo ha aplicado a este caso su propia jurisprudencia, según la cual la amortización de una plaza no es una causa legal de la extinción de contratos en supuestos de una interinidad por vacante o transformación de la contratación inicial o temporal en contratos de trabajo de indefinidos.
De acuerdo con la sentencia, como el número de empleados afectados superaba los límites previstos para el despido colectivo, el ayuntamiento debería haber acudido a esa vía para acometer la medida, tal y como prevé el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, según el fallo.
EL COMITÉ DE EMPRESA DE TELEMADRID PROTESTA POR EL ERE QUE HACE CUATRO AÑOS DEJÓ A 861 TRABAJADORES EN EL PARO
Madrid (EFE)
El comité de empresa de Telemadrid sale a la calle para protestar por el expediente de regulación de empleo de la radiotelevisión pública madrileña de 2013 que supuso el despido de 861 trabajadores y que el Tribunal Supremo calificó como no ajustado a derecho.
La manifestación, que discurrirá a mediodía entre la plaza de Jacinto Benavente y la Puerta del Sol, contará con la presencia de varios diputados de Podemos, entre ellos su secretario general, Pablo Iglesias.
¿POR QUÉ LA ENSEÑANZA CATALANA VA A LA HUELGA?
María Jesús Cañizares – cronicaglobal.elespanol.com
Los presupuestos de 2017 distan de recuperar las partidas de 2010, lo que dificulta la eliminación de los 1.010 barracones existentes, la contratación de profesores y la concesión de ayudas escolares
La enseñanza pública irá a la huelga. Y lo hará el próximo 9 de febrero, coincidiendo con el debate de los Presupuestos de la Generalitat para 2017. Son precisamente esa cuentas las que, a juicio del sector, dejan mucho que desear en materia educativa.
Están lejos de alcanzar los niveles de inversión de 2010. Y cuestiones como los barracones, las guarderías, las subvenciones a escuelas que segregan por sexo o las ratios profesor/alumno son algunas de las asignaturas pendientes.
“Son unos malos presupuestos en educación. La partida alcanza los 5.684 millones, lo que supone un aumento del 8’5%, pero es un 10% inferior a la de los presupuestos de 2010, pues la cifra alcanzaba los 6.310 millones de euros”, explica la diputada y responsable de educación del PSC en el Parlamento catalán, Esther Niubó. La Consejería de Enseñanza opina lo contrario y alardea de las bondades de esas cuentas en una carta sin precedentes enviada al profesorado.
Estas son las diez reivindicaciones no atendidas que se discutirán en la Comisión de Enseñanza del Parlamento catalán:
- La educación está ‘infrafinanciada’. No se alcanza el objetivo fijado por la Ley de Educación de Cataluña (LEC) de dedicar un 6% de los presupuestos –actualmente es un 2’17%.
- No contempla la financiación de las guarderías. Tampoco hay una partida significativa para los ayuntamientos y consejos comarcales en materia de transporte y comedor escolar. El PSC cifra esta inversión en una bajada de un 90%.
- Las partidas destinadas a sustituir los módulos escolares –o barracones, 1.010 en Cataluña– es insuficiente.
- No revierte las condiciones del cuerpo docente hasta lograr la situación anterior a la crisis: no garantiza la sustitución de bajas desde el primer día, se necesita aumentar las plantillas y reducir el horario lectivo. En este sentido, el Departamento de Enseñanza prevé contratar solo a 870 docentes, pero según los sindicatos, serían necesarios 6.000 profesores.
- La partida de becas y ayudas al estudio aumenta un 134% respecto a 2010 (133 millones de euros), pero no garantiza la becas comedor.
- No prevé la recuperación de la sexta hora.
- No incluye la creación de líneas de secundaria.
- No contempla rescindir los conciertos de las escuelas que segregan por sexo.
- La inversión en FP y cualificación profesional es inferior a las 2010.
- No se destina ni un euro a la renovación pedagógica y la inversión en formación del personal docente cae más del 57% respecto a 2010.
Mallorca Diario
El comité de empresa de SFM ha pedido la dimisión del director general de Transportes, Jaume Mateu, y el gerente de SFM, Mateu Capellà, a los que acusan de “engaño” al incumplir con los acuerdos suscritos para desconvocar la anterior movilización.
En un comunicado, el comité de empresa quiere “dejar patente” que la supresión de trenes especiales es “responsabilidad única y exclusiva de la falta de palabra de este Govern”, al que critican por “mentir” y al que, según dicen, “le importa bien poco el servicio público de tren”.
“La gota que ha colmado el vaso es el incumplimiento de los acuerdos suscritos para desconvocar la anterior movilización” que vienen firmados en octubre por el Director General de Transportes y por el Director Gerente de la entidad, y que “a finales de noviembre comunicaron que no pensaban cumplir”, critican al respecto.
Así, desde el comité han recordado que, “ante esta falta de credibilidad política”, se pusieron en contacto con el conseller de Movilidad, Marc Pons, “para intentar revertir esta situación y mandase el cumplimiento de esos acuerdos”, sin haber obtenido una respuesta hasta el día de hoy.
Ante ello, califican la situación como “vergonzosa” y por eso piden la dimisión tanto del Gerente de SFM, así como del Director General de Transportes, “ya que por segunda vez nos engañan”, insisten.
Según el comité de empresa de SFM, esta Comunidad se merece un transporte ferroviario dirigido “por políticos de altura y no nadar en la mediocridad y la mentira”.
Entre los acuerdos incumplidos figura el lanzamiento de la convocatoria de reclasificación de plazas para dotar de más efectivos a la categoría de maquinista y la de gestor de tráfico ferroviario, lo que provoca un “esperpento” de servicio ferrocarril que “un día sí y otro día también suprime trenes (por esa falta de efectivos en esos colectivos), con las consecuencias nefastas para los usuarios.
Por todo esto, reiteran que cumplan los acuerdos firmados y que “dejen de asumir como suya la gestión del equipo de gobierno de José Ramón Bauzá, más próxima a la de Margaret Thatcher, con las consecuencias que trajo consigo todo aquello en el ferrocarril del Reino Unido”, apostillan.
CC.OO. EXIGE A AENA MÁS PERSONAL Y MEDIOS TÉCNICOS EN EL AEROPUERTO
Europa Press / lainformacion.com – Sevilla
San Pablo Provincia de Málaga Huelga Sindicatos Incendios Organizaciones De Socorro
El sindicato CC.OO. ha exigido a Aena “más personas y más medios técnicos” en el aeropuerto de Sevilla, y ha recordado que “mientras se alcanzan cifras de récord de pasajeros, los bomberos mantienen una huelga por la mala situación de los medios y la pésima gestión de recursos humanos”.
En una nota, CC.OO. ha recordado que Aena “cerró el pasado año con cifras récord de pasajeros y en concreto en Sevilla el año 2016 dejó un crecimiento espectacular”, de forma que el aeropuerto de San Pablo “llegó a superar los 4,6 millones de usuarios”.
El sindicato ha recordado que desde el 30 de agosto “los bomberos del aeropuerto mantienen una huelga convocada contra la pésima gestión de los recursos humanos en el aeródromo sevillano que se ha saldado durante el año pasado con hasta 16 bajadas de categoría aeronáutica, algunas de ellas con consecuencias para el pasaje que tuvo que desplazarse hasta Málaga o Jerez para poder volar”.
Lamenta que “a la nefasta gestión de recursos humanos se suma también la de los responsables de operaciones del aeropuerto, que mantienen a la instalación sevillana con dos de sus tres vehículos contra incendios sin pasar la ITV y con prohibición de circular por la vía pública como consecuencia de la falta de documentación”.
Los bomberos han requerido instrucciones específicas a sus superiores y han declinado cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de la situación administrativa de los vehículos, “unas instrucciones que a día de hoy nadie, ni siquiera el director del aeropuerto, ha ofrecido dejando de este modo bajo la responsabilidad de los profesionales tomar decisiones que exceden con mucho del ámbito que les corresponde”.
La sección sindical de CC.OO. en el Grupo Aena advierte de que “si hoy ocurriese un hecho similar al del fatídico accidente del A400M los bomberos del aeropuerto se tendrían que limitar a verlo arder desde el perímetro del aeródromo por la ineficiencia de la dirección del aeropuerto”.
CUADROS ELÉCTRICOS DEBE MÁS DE 500.000 EUROS A LOS TRABAJADORES PARA INDEMNIZAR LOS DESPIDOS
Susana Arizaga – laopiniondezamora.es
El 80% de la antigua plantilla ejecuta las sentencias judiciales para percibir finiquitos y atrasos
Los trabajadores de GCE se manifiestan en el centro de Zamora ->
http://fotos02.laopiniondezamora.es/2017/01/16/328×206/cuadros-electricos.jpg
Tras cinco meses y medio de huelga y un calvario judicial, ni las sentencias firmes han conseguido que General de Cuadros Eléctricos (GCE) resarza a su plantilla, una treintena de personas, con el pago de más de 500.000 euros que les debe en finiquitos y atrasos, según afirman fuentes próximas a los afectados.
Después de más de un año sin ingresos por los impagos y la huelga que decidieron emprender para reclamar los salarios y la rescisión de contratos, los exempleados, gracias a las sentencias del Juzgado de lo Social que obligaba al empresario a despedirles, han empezado a percibir el paro en agosto -en el mejor de los casos-, en noviembre o diciembre de 2016; y otros han comenzado a recibir la prestación en este enero. Todavía resta por rescindir el contrato a una trabajadora, cuyo juicio se celebrará el 23 de enero con la misma finalidad: conseguir el despido, los atrasos y la indemnización.
Sin embargo, los exempleados que ya tienen el fallo judicial en la mano, el 80% de la plantilla de GCE, continúan sin ver ni un euro de las indemnizaciones y nóminas atrasadas (de entre cinco y seis meses) que los jueces han ordenado al empresario que abone.
Ante la pasividad Fernández, que no ha acatado la orden judicial, los trabajadores están ejecutando las sentencias al objeto de que el Juzgado embargue bienes y cuentas bancarias que estén a su nombre para poder cobrarse la deuda. Por el momento, solo una de las empleadas ha conseguido cobrar por la vía de la ejecución.
El resto está esperando la intervención del Juzgado. Y solo han logrado el dinero los empleados -alrededor de una docena- con los que Fernández, tras perder el juicio, negoció una quita del 30% de la cuantía adeudada, “que en algún caso la está pagando a plazos”, concretan las mismas fuentes, que subrayan como “algo curioso que no pague a sus trabajadores antiguos y tenga contratados a unas 15 personas nuevas”. La pregunta es sencilla: “¿cómo puede estar pagando los salarios a esas personas y no los despedidos por orden judicial?”.
El mantenimiento de la actividad empresarial, con una deuda tan amplia a sus espaldas, resulta también una incógnita si es que los impagos a la explantilla están relacionados con problemas de solvencia.
Las sucesivas sentencias han admitido que la empresa Microplus World Corporation, una firma del grupo constituido por General de Cuadros Eléctricos (GCE) y Material Eléctrico Chint y Microplus, que continúa funcionando se creó para “posibilitar que GCE eluda responsabilidades”, tales como el pago de deudas tanto a la Agencia Tributaria como a la Seguridad Social, casi 6 millones de euros, y a los propios trabajadores (227.388 euros hasta mayor de 2016).
Las sentencias asumen, de este modo, la conclusión de la Inspección de Trabajo que incidía en que “la creación de sociedades puede tener como objetivo” sortear las responsabilidades con sus acreedores, “mediante la formalización de una empresa aparente”.
A esa sociedad, Microplus World Corporation, se acabaría derivando la actividad de GCE para producir y vender sin que se puedan ejecutar las órdenes de embargo dadas por la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, según Trabajo.
LA ESPERA DE JUICIO POR CONFLICTO LABORAL SUPERA EL AÑO EN BARCELONA, SEGÚN UGT
Agencia EFE
Los juzgados de lo social de la ciudad de Barcelona acumulan 113 expedientes por procesos como reclamaciones de despidos, sueldos no percibidos o vulneración de otros derechos laborales con juicios señalados para dentro de más de un año, entre 2018 y 2019, según ha denunciado UGT.
Además, la lentitud con la que se desarrollan estos procesos judiciales, con la presentación de recursos que debe resolver el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), está provocando que una demanda presentada por un trabajador en 2015 tenga que esperar incluso hasta finales de 2019 o 2020 para tener una sentencia firme, ha explicado el sindicato.
El secretario general de la UGT de Cataluña, Camil Ros, ha calificado de “inadmisible” el nivel de “colapso” de la jurisdicción social y ha exigido al Gobierno central que designe más recursos humanos a Barcelona para salir de esta situación.
De los 113 expedientes de demandas laborales que están en manos del gabinete jurídico de UGT, 64 tienen fecha señalada para juicio para el primer trimestre de 2018, 34 más para el segundo trimestre de 2018, 7 para el tercero y 5 para el cuarto, mientras que tres deberán esperar hasta el 2019.
Según los datos facilitados en rueda de prensa por el sindicato, el retraso mínimo en las demandas que gestiona es de un año y un mes mientras que el máximo es de tres años, 9 meses y 20 días.
En concreto, 41 de estas demandas registran una espera hasta el juicio de entre 13 y 18 meses; otras 41, entre 19 y 24 meses; 10, entre 25 y 30 meses; 11, entre 21 y 36 meses; 9, entre 37 y 42 meses; y 1, más de 43 meses.
Por tipología, siete son casos de despidos, 48 de reclamación de cantidades, 28 de sanciones, 11 de incapacidad, 6 de reclamación de derechos, 8 de invalidez y Seguridad Social, 3 de prestaciones, uno de jubilación y otro de excedencia.
El responsable del gabinete jurídico de UGT, Alejandro Llanos, ha denunciado que, una vez celebrado el juicio, la sentencia tarda entre 4 y 6 meses en llegar y el recurso posterior del empresario ante el TSJC dilata aún más el proceso hasta llegar a este cómputo final de espera media de entre 2 y 3 años.
Esta demora en el cobro de sueldos debidos o de una indemnización obliga en ocasiones al trabajador a aceptar propuestas de conciliación a la baja ante la imposibilidad de esperar ya que es posible que haya incluso agotado su prestación por desempleo cuando se dicte sentencia firme.
La situación de colapso de los juzgados de lo social se aprecia en el número de expedientes pendientes de juicio que en 2015 eran de 33.000 cuando en 2007 eran 8.300, según cifras de UGT.
Camil Ros ha asegurado que esta situación no es sólo producto de la crisis y de una mayor conflictividad laboral sino de la aprobación de la reforma laboral ya que “las arbitrariedades y la impunidad empresarial que introdujo ha llevado a una mayor judicialización”.
En su opinión, la reforma laboral ha dejado además más desprotegidos a los trabajadores ante estos procesos judiciales ya que anuló los salarios de tramitación, que empujaban al empresario a buscar el acuerdo sin llegar a juicio.
La saturación de los juzgados de lo social se da especialmente en la ciudad de Barcelona ya que la situación de demora es mucho más leve en el entorno de la capital catalana o ciudades como Girona, Tarragona y Lleida.
Además de reclamar al Gobierno central a designar más jueces de lo social para la ciudad de Barcelona, UGT ha anunciado que hará llegar una queja al Consejo General del Poder Judicial, al Síndic de Greuges y al Departamento de Justicia de la Generalitat.
EL COMITÉ DE ESTAMPACIONES RUBI DE VITORIA CONVOCA 3 JORNADAS DE HUELGA
El comité de empresa de Estampaciones Rubi, de Vitoria, perteneciente al grupo de empresas IPM, ha convocado tres días de huelga de jornada laboral completa para los días 18, 25 y 26 de enero en los tres turnos de trabajo.
La empresa, con una plantilla de más de 180 trabajadores, suministra piezas metálicas para empresas de automoción principalmente, como Mercedes, Seat, Citroen, Opel e Iveco.
La huelga, apoyada por los sindicatos LAB, ELA, ESK y UGT, es respuesta a la propuesta de la dirección de la empresa de “recortar y precarizar derechos adquiridos” y las condiciones de trabajo, según ha informado el comité de empresa en un comunicado.
Según la representación de los trabajadores, la dirección de Rubi pretende congelar la antigüedad y los salarios en las tablas de 2015, suprimir el contrato de relevo, una subida salarial no consolidable ligada a beneficios y la creación de una nueva categoría salarial de peón especialista de acceso a la empresa con una diferencia anual de más de 10.000 euros.
El Comité de Empresa ha advertido de que no descarta ampliar las movilizaciones en los próximos días en caso de que no se llegue un acuerdo en torno al convenio.
FINALIZA LA HUELGA DE MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE GIPUZKOA TRAS SUSCRIBIR ELA ACUERDOS CON LAS UTE
Europa Press/lainformacion.com
La huelga de mantenimiento de carreteras de Gipuzkoa ha finalizado tras 315 días al suscribir el sindicato ELA sendos acuerdos con las tres UTE adjudicatarias del servicio, según ha informado en un comunicado.
ELA ha señalado que los acuerdos incluyen tres convenios de empresa vigentes hasta diciembre de 2019: blindaje de las reformas laborales en lo referente a posibilidades de inaplicación, ultra-actividad indefinida y modificación sustancial de las condiciones laborales.
Asimismo, se ha acordado la asunción y reconocimiento por parte de las UTE de condiciones laborales derivadas del servicio como trabajo en fines de semana, nocturnidades, actividad en carretera e incrementos salariales importantes.
El sindicato ha destacado que los contenidos acordados “son importantes” y ha puesto en valor la consecución de un convenio que “regula las especificidades del personal” del sector, “de obligado cumplimiento para las empresas; para ello, se blindan los convenios ante la reforma laboral y se recogen incrementos salariales importantes”.
Finalmente, ha subrayado que la “lucha” de los trabajadores de mantenimiento de carreteras de Gipuzkoa ha sido “ejemplar” y “la única manera de mejorar las condiciones laborales es la lucha colectiva”, al tiempo que ha recordado que “queda pendiente la confirmación por parte de Diputación la introducción de los convenios firmados en futuros pliegos de condiciones”.
LA PLANTILLA DE GROUPALIA VA A LA HUELGA PARA RECLAMAR NÓMINAS ATRASADAS
Agencia EFE
Los trabajadores de la empresa de comercio electrónico Groupalia iniciarán una huelga indefinida a partir del próximo 20 de enero para forzar al propietario de la firma a pagar a la plantilla las nóminas atrasadas, según ha informado CC.OO..
En un comunicado, este sindicato, que controla el comité de empresa, ha asegurado que la convocatoria de huelga es una respuesta a la precariedad laboral en la que vive la compañía, en la que trabajan 25 personas reguladas por el convenio del Contact Center.
El responsable de Acción Sindical de Servicios de CC.OO. de Cataluña, Sergio Calahorro, ha denunciado, en declaraciones a Efe, que se trata de “un ERE encubierto” ya que hace sólo 9 meses la empresa contaba con 75 trabajadores, y que la voluntad del propietario de Groupalia, Antonio Alcántara, es dejar morir la firma y presentar concurso de acreedores.
“El comité ve que la situación no tiene perspectivas de solucionarse y convoca la huelga indefinida para exigir sus salarios y derechos, en lugar de dar facilidades al empresario, que espera que la asfixia y el cansancio lleve a sus trabajadores a irse”, ha asegurado.
Los representantes de los trabajadores denuncian además que el propietario de Groupalia, Antonio Alcántara, ha cambiado el centro de trabajo a Abrera y Vilanova i la Geltrú sin causa justificada desde el lugar original de Sant Just Desvern (Barcelona).
Groupalia Compra Colectiva SL es una compañía online de ofertas de ocio local, viajes, servicios y productos fundada en Barcelona en mayo de 2010 y que opera en toda España.
CC.OO. sospecha que Alcántara pretende llevar a la compañía al concurso de acreedores y que está trasladando el negocio a otras empresas de ofertas online como Ofertix, Let’s Bonus y Nice&Crazy.
HUELGA EN LAS CLASES DE INFANTIL EN EL COLEGIO PÚBLICO VIRGEN DEL ROSARIO DE MINAS DE RIOTINTO
Javier Ronchel – huelvainformacion.es
Educación no ha dado respuesta a los padres tras superarse en diciembre la ratio para niños de 3 años
El elevado número de alumnos en una de las clases de Educación Infantil llevará las protestas de los padres a las puertas del colegio público Virgen del Rosario de Minas de Riotinto. Hace un mes que alertaron a la Delegación Provincial de Educación del incumplimiento de la ratio legal en el primer curso del segundo ciclo de Infantil, correspondiente a los niños de 3 años.
No han obtenido aún respuesta, mientras se agravó la situación con la incorporación de un nuevo alumno. En total son 29, dos por encima del máximo permitido en Andalucía. Todos ellos se quedarán sin ir a clase “hasta que no se garantice por escrito” el desdoble del grupo que permita una atención educativa adecuada a los pequeños. En la víspera, están convocados los padres en la Delegación para exponer la situación en persona, aunque desde Educación no les han adelantado si saldrán de allí con una solución para sus demandas.
El Ministerio de Educación fijó en 2010 para toda España un número máximo de 25 alumnos por clase en el segundo ciclo de Infantil. Un año después, la Junta de Andalucía habilitó un margen del 10% para la ampliación extraordinaria de esa ratio, de forma que, tirando de matemáticas, el número permitido es de 27,5 alumnos por unidad educativa.
El jefe de planificación y escolarización en Huelva recibe a los padres de alumnos
Los padres del curso afectado en el colegio riotinteño explicaron que fueron 26 los niños que empezaron el curso, y que posteriormente se sumó otro más a la clase. Hasta entonces se mantenía dentro de los límites extraordinarios previstos por la Consejería de Educación. El problema se produjo el mes pasado, cuando se escolarizó un pequeño más de la misma edad y el grupo llegó hasta los 28 niños.
Los padres pasaron entonces a la acción y escribieron una carta al delegado territorial, Vicente Zarza, para alertarle del exceso y reclamarle la creación de una segunda unidad en el colegio. Ese escrito fue firmado por los padres y tutores de los 28 escolares afectados, con registro de entrada en el propio centro el pasado día 19 y envío certificado a Huelva el día siguiente.
“Sabemos que siempre es necesario un tiempo mínimo en la Administración para hacer los trámites necesarios y tomar medidas, pero esto ya ha superado el un límite y no podemos esperar más”, cuenta una de las madres firmantes, Esther Geraldo.
La espera se les hace ya insostenible, sobre todo cuando llegó un nuevo niño a la misma unidad, que en estos momentos anda en 29 integrantes, cuatro por encima del límite, y dos más allá, incluso, del margen andaluz para situaciones extraordinarias.
Es más. La situación cuenta con el agravante añadido de que a algunos niños se les han detectado necesidades especiales educativas y de apoyo, lo que elevaría aún más el cómputo de la ratio por las necesidades adicionales de atención que generan.
“Estamos en un punto en el que las actividades extraescolares, como las salidas fuera del centro, se han tenido que suspender por la imposibilidad de atender de la forma adecuada a un grupo tan grande. Y sabemos de las dificultades que hay ahora para desarrollar a diario las clases con garantías de atención y seguridad para todos, porque no dejan de ser 29 niños de sólo 3 años de edad, que en muchos casos no tienen total autonomía”, explica Geraldo.
El objetivo de los padres es sólo uno y queda muy claro: el desdoble de la unidad, con el que este curso de Infantil pasaría a tener dos aulas entre las que se repartirían los niños. “Hay una clase vacía justo al lado de la actual y no sería un problema de espacio. Sólo habría que contratar a un docente más”, aclaran.
Pero sólo desconvocarán el paro indefinido en las clases y la movilización prevista si obtienen un compromiso “por escrito” de la Delegación de Educación. Este avance puede producirse, ya que el jefe de Planificación y Escolarización, Antonio Huelva, convocó a una representación de los padres del colegio Virgen del Rosario.
Fuentes de Educación reconocieron la situación existente en la referida unidad educativa de Infantil en Riotinto. Confirmaron la recepción de la carta enviada por los padres, el interés del delegado en darle respuesta tras las vacaciones navideñas y la celebración de una reunión en la propia Delegación. En cualquier caso no adelantaron el sentido de la misma y emplazaron a su término para conocer las acciones que tomarán al respecto.
CC.OO. PIDE AL SALUD QUE AGILICE LA ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL HOSPITAL OBISPO POLANCO DE TERUEL A UNA NUEVA EMPRESA
- M. T. – diariodeteruel.es
Las trabajadoras de la empresa Kluh Linaer España S.L. (KLE) que se ocupan del servicio de limpieza del hospital Obispo Polanco de Teruel se movilizarán y podrían incluso ir a la huelga si el 1 de febrero no está adjudicado este contrato a otra empresa.
CC.OO. explicó que los 35 empleados, en su mayoría mujeres, que trabajan para esta contrata llevan más de dos nóminas sin cobrar y que en los dos últimos años los retrasos para percibir sus sueldos han sido constantes. El sindicato ha mantenido reuniones con la Administración sanitaria y confió en que resuelvan el problema con agilidad, debido a la complicada situación que pasan estas trabajadoras.
La secretaria general de CC.OO. Teruel, Mª Luz Benedicto, explicó que las trabajadoras no han cobrado ni el mes de diciembre, ni la paga extraordinaria de Navidad y, debido a la grave situación de esta empresa en toda España, también dudan de que cobren enero.
Por eso, desde Comisiones se han realizado gestiones para tratar de que las empleadas reciban el dinero que les deben y, por otro lado, ha habido reuniones con el Salud para agilizar el proceso de la licitación, que está abierta desde julio, para que se pueda adjudicar de inmediato este contrato y el 1 de febrero las trabajadoras pasen a la nueva empresa.
La responsable de la Federación de Construcción y Servicios de CC.OO. Teruel, Pilar Buj, recordó que desde hace más de un año y medio llevan comunicando al Salud retrasos en el cobro de salarios y que la situación se da en otros lugares donde KLE tiene contratas públicas en Cataluña, Andalucía, Murcia o Madrid.
“La situación económica de esta empresa es más que preocupante, en un artículo de El País, de 28 de diciembre, aparecía en una lista de morosos con la hacienda pública y debe cuatro millones de euros”, comentó Buj, quien expresó el temor de que la empresa entre en concurso de acreedores.
Desde CC.OO. confiaron en el compromiso que desde el Salud se les ha hecho de agilizar los trámites para resolver esta situación. A pesar de ello y por la grave situación por la que atraviesan las trabajadoras, en una asamblea que realizaron plantearon iniciar movilizaciones e incluso huelga si el 1 de febrero no han cambiado de empresa.
“Estamos muy indignadas. La empresa dice que la Administración no les paga a ellos pero eso nos importa un bledo, deben tener solvencia para este tipo de imprevistos, pero es que además el Salud está al día en sus pagos”, afirmó Leo Gil, una de las delegadas sindicales de CC.OO. que añadió que ellas hacen su trabajo cada día y si no las despiden.
Gil también explicó la “precaria situación” económica que viven estas trabajadoras y sus familias. En muchos casos, dijo, este es el único ingreso y por eso han tenido que pedir ayuda a familiares y amigos para poder comer y los bancos les llaman constantemente porque tienen saldos deudores.
Pilar Buj explicó que tendrán una nueva reunión con el gerente del Salud en Teruel, José Ignacio Escuín, en la que van a plantear si es posible que hagan frente al pago de las nóminas.
Por otro lado, Buj también señaló la responsabilidad de las administraciones a la hora de adjudicar este tipo de contratos. “Clama al cielo cómo se conceden pliegos a empresas que no demuestran que son solventes”, argumentó.
En este sentido, comentó que, a pesar de toda la información que habían hecho llegar al Salud sobre los retrasos en el pago de nóminas de Kluh Linaer en Teruel, esta empresa ha recibido una valoración muy buena para uno de los contratos de limpieza para Zaragoza, aunque finalmente no se le adjudicará el contrato. Por eso, planteó que se penalicen a este tipo de empresas.
KLE realiza el servicio de limpieza en el hospital Obispo Polanco de Teruel desde el año 2001, el actual contrato comenzó hace seis años y en los dos últimos ha habido reiterados retrasos con las nóminas de sus trabajadoras. El pasado julio se inició la licitación de contratos para varios centros sanitarios para los próximos cuatro años, con una prórroga de dos más.
LOS JARDINEROS DE BENALMÁDENA CONVOCAN UNA HUELGA PARA FRENAR TRASLADOS A CÁDIZ
- Moreno – malagahoy.es
Según denuncia el dirigente sindical, “se están trasladando trabajadores a Málaga para trabajar para otro municipio” y asegura que “entre los incumplimientos se encuentra la negativa de FCC a la subrogación de diez trabajadores, de acuerdo con el convenio”.
De estos, tres ya habrían obtenido la sentencia de un Juzgado de lo Social declarando la nulidad del despido. Sin embargo, “la empresa pretende trasladarlos a la provincia de Cádiz, incumpliendo la ejecución de la sentencia, que dicta devolverlos a su puesto de trabajo”, afirmó.
Previamente, los trabajadores se reunirán en el Sercla (Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía) de cara a intentar alcanzar un acuerdo con la empresa. De lo contrario, se avanzará en lo ya previsto “la convocatoria de movilizaciones y de una huelga para el próximo 23 de enero”.
AUVASA Y COMITÉ ANALIZAN CÓMO RECUPERAR LA NEGOCIACIÓN DEL CALENDARIO
Jorge Moreno – elnortedecastilla.es
La mesa podría volver a reunirse
El concejal de Seguridad y Movilidad, Luis Vélez, y el presidente del Comité de empresa de Auvasa, Alfonso García, mantuvieron una conversación por la tarde en la que se emplazaron a sentarse nuevamente a la mesa de negociación para buscar un acuerdo respecto a la aplicación de los calendarios de trabajo para este año. Las divergencias en este punto, por el mantenimiento del sistema de tríos, fueron el principal escollo que dio lugar a que la plantilla de Auvasa secundase una huelga el pasado diciembre y este mes de enero.
Tras este primer contacto (el viernes 13, fue la última jornada de los paros), todo indica que las partes se volverán a reunir.
En la reunión del Equipo de Gobierno, en el que también está Izquierda Unida, se analizó el problema de Auvasa y se coincidió en la necesidad de volver a negociar con los representantes de los trabajadores, pero sin determinar qué opciones de salida.
Aunque fuentes del Comité indicaron que inicialmente deberían de ser las partes implicadas las que se sentasen, la posibilidad de que fuese un mediador externo no se descarta pese a las dificultades para encontrar una persona que reúna el perfil del mediador, y que conozca bien la complejidad de una empresa de transportes público, rutas y servicios que se prestan.
En este sentido, los sindicatos no creen que la mediación a través del Serla puedan servir en este momento. El Grupo Municipal Ciudadanos propuso durante la huelga que el Ayuntamiento buscase un árbitro externo.
“Flexibilidad”
El concejal Luis Vélez, que preside también la empresa municipal de transportes, está valorando si se sentará en esta mesa de negociación de modo continuo, contrariamente a lo que ha hecho en los últimos meses. Sí que estarían los miembros de la dirección de Auvasa, cuyo papel los sindicatos cuestionan.
Vélez reclamó «flexibilidad a las dos partes y plantear cosas que sean razonables» para tratar de buscar una salida al conflicto. Para el concejal, «las condiciones de los calendarios han mejorado con el acuerdo que suscribimos en diciembre del 2015, y solo hay una cuestión que nos separa y es cómo aplicar el sistema de los tríos para los conductores». Esta diferencia se puso sobre la mesa en febrero del año pasado, y durante el resto de los meses no se avanzó, lo que dio lugar a la última huelga.
Auvasa mantiene que el sistema de tríos puede afectar a la prestación del servicio, cuya modificación de líneas sigue pendiente. Lo que el edil deja claro es que este conflicto «no va a afectar a la entrada del servicio del bus metropolitano en marzo próximo».
LOS JARDINEROS DE SONDIKA DEJAN LA HUELGA TRAS MÁS DE 4 MESES
- Arostegi – elcorreo.com
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Los jardines de Sondika y Zamudio volverán a lucir cuidados de nuevo. Tras cuatro meses y nueve días de huelga ininterrumpida y que ha incluido movilizaciones por los municipios en los que trabajan, los jardineros han logrado un acuerdo con su empresa por el cual percibirán un aumento de un 20% de su salario y podrán acogerse a un convenio propio desde el 1 de enero de 2018, una de sus principales reivindicaciones.
Los trabajadores comenzaron la huelga el 5 de septiembre con el fin de mejorar sus condiciones laborales, ya que denunciaban apenas superar los mil euros mensuales y ganar la mitad que otros compañeros que trabajan en localidades como Getxo pese a llevar, la mayoría, más de 12 años empleados en este servicio.
Con este nuevo acuerdo suscrito con Enviser, la firma adjudicataria, los jardineros logran incrementar sus sueldos a los 1.310 euros mensuales, al tiempo que podrán disfrutar de una cobertura del 100% de las bajas desde el primer día, cuando antes sólo podían disponer de un 35%.
Además, han conseguido que les incluya un plus de peligrosidad, lo que repercutirá en sus nóminas en unos 245 euros más al mes, y podrán reducir su jornada a las 36 horas semanales, cuando antes debían cumplir 37,5 horas. «Estamos muy satisfechos con el acuerdo alcanzado con la empresa porque hemos conseguido la mayoría de reclamaciones que solicitábamos», explicaron.
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